Marea Blanca Aragon

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viernes, 24 de julio de 2015

Advertencia al Gobierno por desatención sanitaria

La Defensora del Pueblo denuncia trabas a pacientes graves por los recortes a las mutuas

El sindicato CSIF se quejó ante los partidos y la UE y reunió 135.000 firmas de protesta

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Enfermos de cáncer con más de dos meses de demora en recibir tratamiento por culpa de los recortes a las mutuas sanitarias y una denuncia del sindicato CSIF con una extensión posterior de cientos de miles de firmas dentro le han valido a la oficina de la Defensora del Pueblo para abroncar al Gobierno en sendas cartas enviadas alMinisterio de Defensa y de Hacienda.

El asunto tiene que ver con el estrangulamiento de la oferta hospitalaria, las trabas burocráticas y la desinformación que muchos pacientes con enfermedades graves adscritos a las mutuas sanitarias de los funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas) sufrieron desde finales del año pasado y durante varios meses de este. Llegaban al hospitaldonde estaban siendo tratados y allí mismo se enteraban de que ya no tenían derecho a recibir asistencia en ese lugar, ya que se habían producido reducciones de plantilla y de las prestacionesque ofrecían sus centros habituales.

Muchos enfermos sufrieron entonces lo que la Defensora del Pueblo califica de «inquietud». «Al acudir al centro hospitalario, los mutualistas ven desestimadas sus solicitudes de asistencia sanitaria».

Eso le pasó al suboficial de la Guardia Civil Alejandro Urteaga, víctima de un atentado de ETA que le dejó para siempre unafibromialgia más o menos llevadera hasta enero de este año, cuando su médico de siempre fue retirado de su centro de siempre y su unidad del dolor se convirtió en otro servicio. Hoy, sigue con sus21 pastillas diarias.

Las cartas de la Defensora, enviadas la segunda semana de junio a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración del Estado y a la Subsecretaría de Defensa, concretan esa desatención en la falta de «realización de pruebas diagnósticas» o en la ruptura de la «continuidad de los tratamientos». O sea, «consultas, pruebas, urgencias e ingresos».

La oficina de la Defensora del Pueblo señala que la respuesta para atender esas peticiones de asistencia «en ocasiones se demora más de dos meses, en los que el afectado padece la interrupción de su tratamiento médico» y refleja que los afectados entienden que «no se les garantiza el derecho de continuidad asistencial».

La oficina de Soledad Becerril enfatiza la necesidad de agilizar los trámites de las quejas de los pacientes «habida cuenta de que en estos casos la realidad del transcurso del tiempo puede ser crucialpara el tratamiento preciso en la enfermedad, por lo que, como garante de los derechos del colectivo funcionarial que protege, debe actuar con la mayor celeridad en las reclamaciones que éstos [los pacientes] planteen».

Con su habitual lenguaje prudente y tan alérgico a la polémica, la Defensora del Pueblo apercibe al Gobierno para que «agilice» las reclamaciones de los afectados porque el paso del tiempo «supone un retraso en el tratamiento médico que el afectado precisa en su enfermedad» y para que «arbitre los instrumentos necesarios» para que los mutualistas sean informados de la oferta médica con tiempo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -que recibió la ayuda de la Confederación Española de Policía y de laAsociación Española de Guardias Civiles- inició a principios de año una campaña para lograr que los más de dos millones de funcionarios, policías, guardias civiles y militares que están asociados a estas mutuas recuperaran la posibilidad de ser atendidos en sus centros y recibieran sus tratamientos sin demoras. Pocas semanas después se reunieron más de 135.000 firmas en Change.org y se celebraron varias reuniones con los grupos parlamentarios, con lacomisaria de salud de la UE y con la Defensora del Pueblo.

Según CSIF, la pasada semana, coincidiendo con las cartas de la Defensora, Muface informó de que los mutualistas «contarán de nuevo con toda la oferta hospitalaria, recortada el 31 de diciembre de 2014».

Fuente: elmundo.es

La DGA dará de nuevo la tarjeta sanitaria a los que la perdieron

El documento fue retirado a alrededor de 15.000 extranjeros en la comunidad


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Tres años después de que el Gobierno del PP en la comunidad autónoma retirase la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, el Ejecutivo ultima ya los detalles para devolver este documento a todos aquellos que lo perdieron.

La intención de llevar a cabo la devolución de la tarjeta sanitaria ya fue anticipada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, aunque en este caso fue Pablo Echenique, líder de Podemos en Aragón, quien anunció ayer tras una reunión con Lambán que la medida será aprobada la próxima semana en